QUITO, 20 abr (Xinhua) -- La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador declaró hoy prescrito el juicio, por un supuesto sobreprecio en la compra de útiles del fallido proyecto "Mochila Escolar", que se seguía en contra el destituido presidente Abdalá Bucaram (1996-1997), asilado en Panamá.
Este era el segundo y último juicio penal que, desde marzo 1977, enfrentaba Bucaram ante la justicia ecuatoriana, informó el órgano judicial del país sudamericano.
La decisión fue adoptada por el juez Jorge Blum, de la CNJ, quien informó que declaró prescrito el juicio "luego de que ha transcurrido y fenecido el plazo para su tramitación, que es de 20 a?os" conforme lo previsto en el Código Penal vigente en la fecha de los hechos.
El juez argumentó que declaró prescrito el juicio "por encontrarse suspendido el auto de apertura del plenario", y porque Bucaram está "prófugo de la justicia" desde el inicio del proceso hasta la presente fecha.
Además, el magistrado dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares y personales dispuestas en esta causa en contra del ex mandatario ecuatoriano.
El pasado 11 de abril, otra jueza de la misma Corte declaró prescrito otro proceso penal, por presuntas irregularidades en el manejo de gastos reservados de la presidencia, que enfrentaba Bucaram.
La prescripción de ambos juicios facilita el camino para que Bucaram, pueda regresar a Ecuador, por lo que este viernes, según la prensa local, el ex presidente y sus allegados se reunirían en Panamá para analizar su retorno.
El ex jefe de Estado salió de Ecuador en febrero de 1996, tras ser destituido por el Congreso por "incapacidad mental" para gobernar, y se declaró vacante la presidencia.
Posteriormente, la entonces Corte Suprema de Justicia le abrió los dos juicios, ahora declarados prescritos por la actual Corte Nacional de Justicia.
En ese entonces, las acusaciones de peculado sobre Bucaram provocaron una ola de descontento y protestas populares, principalmente en Quito (la capital), lo cual terminó con la destitución del mandatario.
En 2015, Bucaram presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado ecuatoriano por su destitución como presidente, la cual considera ilegal.
Según el ex mandatario, entonces no hubo un juicio político que le permitiera ejercer su derecho a la defensa y por esta razón reclama una reparación económica de 200 millones de dólares.