Por José Aguiar
CARACAS, 26 mar (Xinhua) -- El "diálogo pacífico (y) civilizado" , así como lo maneja en sus asuntos internos, es la opción que pone Venezuela sobre la mesa regional para recobrar la fuerza perdida en el Mercosur, bloque del cual fue suspendido el pasado 1 de diciembre.
Ante una confrontación que inició tras asumir en junio de 2016 la presidencia rotativa del Mercado Común del Sur (Mercosur), Caracas busca activar uno de los mecanismos legales propios del bloque, específicamente el Protocolo de Olivos para la solución de controversias.
En su artículo 1, parágrafo primero, ese instrumento propone la resolución de polémicas sobre "la interpretación, aplicación o incumplimiento" del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción.
Asimismo, en el marco de las decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur, serán sometidas a los procedimientos establecidos en el presente Protocolo.
En el caso de Venezuela, con ideología socialista, es acusada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (miembros fundadores) de no haber "internalizado" los principios jurídicos necesarios para ser Estado parte del mecanismo regional.
Tal aseveración se suma al presunto se?alamiento efectuado por la denominada "triple alianza" , de acuerdo con Caracas, compuesta por Buenos Aires, Brasilia y Asunción, de que este país caribe?o no se ha adherido a protocolos relacionados con los derechos humanos.
Sobre la acción legal que impulsa Venezuela, el analista venezolano Miguel Contreras afirmó que se trata es de activar una demanda ante "cierta ilegalidad" , ya que las razones que "citaron" para su suspensión "no están inscritas en ninguno de los protocolos que ha aprobado Mercosur para su funcionamiento" .
Contreras, sociólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), hizo mención del Protocolo de Ushuaia (1999), el cual establece "mecanismos mínimos" para determinar si existe una ruptura constitucional en algún país miembro y, en consecuencia, así invocar este instrumento legal.
"En este caso, los países miembros del Mercosur no se circunscribieron a este protocolo, sino que, por el contrario, comenzaron a establecer normas 'ad hoc' que están fuera del entramado legal del Mercosur" , sostuvo Contreras.
Mientras que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son Estados fundadores, Venezuela ingresó como miembro pleno en 2012, bajo la administración del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), cuando Asunción fue suspendido por el "golpe de Estado" contra Fernando Lugo (2008-2012).
En opinión de Contreras, actualmente dentro del Mercado Común del Sur "hay una correlación de fuerzas" que "apunta en dos direcciones que son contrarias entre sí" .
Por una parte, se?aló, está una dirección liderada por Brasil, que "apunta a restablecer convenios y tratados con la Unión Europea" y, por otro lado, está una Argentina conservadora "que apunta hacia lo que es el fortalecimiento de la Alianza del Pacífico.
"Lo que podría decir es que internamente en el tema de Mercosur ya hay un relajamiento desde el punto de vista legal y jurídico de los alcances del bloque, dada cuenta que está pensado en ampliarse, pero también en socavar los pro-requisitos que lo hicieron posible" , aseguró el académico.
En tanto, Caracas está en una situación de "desventaja minusválida" , ya que busca activar el Protocolo de Olivos cuando el tribunal de resolución de conflictos, con sede en Paraguay, "está pensado básicamente para temas laborales y no para temas de esta índole" , dijo Contreras.
Consideró que una de las dificultades actuales para la nación caribe?a, es que "los propios tratados y protocolos que sirven para defender situaciones de este tipo están sometidos a las propias correlaciones de fuerzas que hoy dominan el bloque del Mercosur" .
Sin embargo, la administración venezolana, cuya gestión en la presidencia rotativa del Mercosur se vio interrumpida por la oposición de la "triple alianza" (de derecha), defiende que le "asiste la razón jurídica, política e histórica" porque, insiste, ha "cumplido" con las normas correspondientes.
De acuerdo con la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, su país ha cumplido con 1.479 normas de las 1.536 que deben incorporar los miembros del bloque, lo cual, especificó, "equivale al 95 por ciento" .
Según la jefa de la diplomacia venezolana, "este indicador es superior al (alcanzado por) países fundadores del Mercosur" .
Usando tal aseveración como parte de su argumento, Venezuela ha convocado, desde diciembre de 2016, a tres reuniones con el fin de activar el Protocolo de Olivos.
En ese contexto, el pasado 17 de marzo entregó a los demás países miembros la lista de los árbitros que podrían conformar el tribunal de resolución, cuyo fin es buscar una salida a esta controversia, según lo establece el artículo 11 de ese protocolo.
Ese apartado se?ala que "cada Estado parte designará 12 árbitros, que integrarán una lista que quedará registrada en la Secretaría Administrativa del Mercosur. La designación de los árbitros (...) será notificada simultáneamente a los demás Estados partes y a la Secretaría Administrativa del Mercosur" .
Se espera que la cuarta reunión convocada por la nación petrolera se celebre el próximo 25 de abril, donde, dice, seguirá "demostrando las fraudulentas acciones cometidas" en su contra por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Aunque el experto Miguel Contreras alertó de la "correlación de fuerzas" conservadoras dentro del bloque, sostuvo que "desde el punto de vista político" Caracas "no debe renunciar" a la activación del Protocolo de Olivos.
De la misma forma, opinó que los se?alamientos en contra de Venezuela no están muy claros, por lo cual debe "solicitar formalmente" un "descargo de qué es lo que se le acusa para expulsarlo del bloque. Es decir, cuáles son las razones (específicas) que aducen los países" para la suspensión.
Venezuela, que sortea una aguda crisis política, económica y social interna, lidia además, en el plano internacional, con se?alamientos de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, el uruguayo Luis Almagro, pide que sea suspendida del organismo multilateral.
Para Caracas, muchas de estas acciones internacionales son parte de un presunto "guión" impuesto desde Washington, cuyo objetivo es derrocar a la administración socialista del presidente Nicolás Maduro.