Las autoridades peruanas entregarán información adicional al Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener al ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, quien tiene una orden de prisión provisional de 18 meses en este país andino, anunció hoy el fiscal de la nación, Pablo Sánchez Velarde.
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, las autoridades estadounidenses han requerido a la justicia peruana datos adicionales sobre el proceso judicial que involucra al ex mandatario en el cobro de 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasile?a Odebrecht.
"El sistema judicial penal ha cumplido con una serie de pedidos de detención previsoria con fines de extradición, pero la autoridad judicial de Estados Unidos ha requerido un informe adicional", subrayó el fiscal al referirse a Toledo, quien se encuentra en la ciudad estadounidense de San Francisco.
Sánchez Velarde aseguró que el proceso continuará el procedimiento de rutina establecido para estos casos y como parte de estas obligaciones las autoridades judiciales de Perú cumplirán con la petición del Departamento de Justicia norteamericano.
El fiscal también valoró la investigación realizada por el Ministerio Público peruano sobre este caso, misma que calificó de "bastante prolija" porque ha desglosado pruebas contundentes sobre los delitos que pesan en contra del ex mandatario.
De acuerdo al Ministerio Público, los delitos que propiciaron la orden de detención de Toledo, se sustentan en lavado de activos y tráfico de influencias, como parte del pago de sobornos, comprobados con documentos del sistema financiero.
Asimismo, el funcionario desmintió los argumentos de persecución política esgrimidos por Toledo y su defensa para rehuir a la justicia peruana y exhortó al ex presidente a retornar a Perú para hacer frente a las acusaciones.
El Ministerio Público de Perú continúa con las investigaciones de otros pagos de sobornos realizados por Odebrecht durante los gobiernos de los ex presidentes Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
De acuerdo a las confesiones de Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Perú, los pagos realizados durante las administraciones de Toledo, García y Humala sumarían alrededor de 29 millones de dólares, entregados como coimas para obtener concesiones de licitaciones públicas de proyectos multimillonarios.
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