Texto íntegro del Informe de Valoración de la Implementación del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos de China (2012-2015)(8)

Actualizado a las 16/06/2016 - 08:45

Palabras clave：

(II) Derechos de los detenidos

Se ha fortalecido la supervisión de la detención. Los departamentos de seguridad pública deben modificar según la ley las medidas forzosas contra los detenidos que estén enfermos o heridos o en una situación elegible de libertad bajo fianza o de vigilancia domiciliaria y que no puedan estar bajo una detención continuada de acuerdo con las regulaciones de la Ley de Procedimiento Penal. Entre 2012 y 2015, las instituciones fiscales en todo el país han sugerido libertar o cambiar las medidas forzosas para 83.341 personas implicadas en casos en los que no se considera necesario el arresto, y los órganos que procesan los casos aceptaron tales sugerencias para 77.591 de ellas, con una tasa de admisión del 93,1 por ciento. Se ha reforzado integralmente la supervisión del período de detención criminal. Entre 2012 y 2015, se descubrió que 1.974 personas estaban en custodia extendida, se sugirió la corrección para 1.967 de ellas, y la situación de 1.939 ha sido corregida hasta este momento.

Se han realizado esfuerzos para garantizar los derechos legales de los arrestados. En 2013, el Ministerio de Seguridad Pública organizó la enmienda a los Estándares de construcción de centros de reclusión, que pide la adopción integral de la meta de una cama para cada preso en los centros recién construidos, renovados y expandidos. El Ministerio de Seguridad Pública, junto con la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar, promovieron la profesionalización y la socialización de los servicios médicos para los presos en los lugares bajo la supervisión de los departamentos de seguridad pública, y establecieron registros médicos para los detenidos, con las instituciones médicas profesionales encargadas de los servicios médicos y sanitarios diarios. Se han aplicado estrictamente los sistemas de examen físico de los detenidos cuando están bajo custodia, de examen regular de la superficie corporal de los detenidos, de notificación de sus derechos y obligaciones, así como de procedimientos de alarma de emergencia. Se ha ejercido estrictamente el sistema de interrogatorio y prisión preventiva para los supuestos criminales. Se han mejorado constantemente los sistemas de valoración del riesgo de seguridad de los detenidos, de intervención psicológica, y de investigación y resolución de sus quejas. Lo mismo también se ha realizado en el mecanismo de trabajo para invitar a los supervisores especiales a inspeccionar los centros de detención. Se han promulgado varias regulaciones relacionadas con los derechos de persona y pertenencias de los detenidos y con sus derechos a litigar en los centros de reclusión de los departamentos de seguridad pública. A través de los mecanismos de trabajo y sistemas en materia de establecimiento del buzón fiscal, petición de los detenidos de reunirse con los fiscales residentes, encuentros entre los fiscales residentes y los detenidos en los centros de reclusión y las prisiones, los fiscalías populares pueden descubrir si hay infracciones de los derechos de los detenidos, tales como castigo físico, tortura, insulto y represalia, proponer remedios, y supervisar la corrección de las instituciones mencionadas. Entre 2012 y 2015, los departamentos fiscales en China presentaron a los órganos de supervisión 7.770 soluciones para las prácticas aplicadas a los detenidos, incluidos castigo físico, tortura, uso ilegal de instrumentos y confinamiento. Todas ellas fueron corregidas. En marzo de 2015, las Regulaciones del manejo de los casos que involucran la muerte de detenidos en prisiones fueron ejecutadas y ofrecen indicaciones concretas de informar, investigar y manejar, inspeccionar y exigir la responsabilidad de la muerte de los presos.

(III) Derecho a juicio justo

Se ha perfeccionado el sistema de exclusión de las pruebas obtenidas de manera ilegal. En 2013, la Fiscalía Popular Suprema publicó las Propuestas sobre investigación y verificación de los comportamientos ilegales de los departamentos de investigación y supervisión durante las investigaciones criminales (para implementación de prueba), y mejoró el mecanismo de trabajo para supervisar los actos ilegales durante las investigaciones criminales. En las explicaciones judiciales del Tribunal Popular Supremo sobre la aplicación de la Ley del Procedimiento Penal, se ofrecen reglas específicas sobre los ámbitos de comparecencia de los testigos y evaluadores en el tribunal, de protección de los testigos y de los subsidios por dar testimonio. Un capítulo especial para eliminar las pruebas ilegales estipula claramente los procedimientos para solicitar el descarte de evidencias ilegales, así como los procedimientos de examen e investigación de la legitimidad de la obtención de las pruebas. En 2013, el Tribunal Popular Supremo promulgó las Regulaciones sobre el establecimiento de un sano mecanismo de trabajo para evitar acusaciones injustas, falsas o erróneas en casos criminales. En los casos sin suficientes evidencias, los acusados deben ser declarados inocentes. Se proporcionó para eliminar todas las confesiones obtenidas mediante la tortura u otras maneras ilegales, las conseguidas en interrogatorios realizados fuera de los sitios designados para la investigación de los casos, las logradas sin grabaciones de audio o vídeo de todo el proceso de interrogación, o las que no pueden excluir la posibilidad del uso de medidas ilegales para su obtención. Entre 2012 y 2015, los tribunales populares a diferentes niveles decidieron que 3.369 sospechosos eran inocentes.

El derecho a defenderse de los sospechosos y acusados está garantizado. En 2013, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia emitieron conjuntamente las Regulaciones sobre la asistencia jurídica en el proceso criminal. Los sospechosos y acusados incapaces de emplear a un abogado pueden solicitar la asistencia legal. En casos particulares, los departamentos de seguridad pública, las fiscalías populares y los tribunales populares deben avisar a las agencias de asistencia legal para que designen abogados para los sospechosos y acusados que no tienen defensor.

Se ha garantizado el derecho a practicar la ley de los abogados. En 2015, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia publicaron conjuntamente las Regulaciones para proteger los derechos de los abogados a practicar la ley de acuerdo con la ley, que clarifican detalladamente los derechos de los abogados a informarse, solicitar, apelar, encontrarse con el acusado, leer los archivos, recoger las pruebas, hacer preguntas, contrainterrogar, discutir y defender, etcétera. También se han planteado medidas para facilitar la participación de los abogados en los litigios, y se han perfeccionado los mecanismos de auxilio y de exigencia de responsabilidad para garantizar los derechos de los abogados a cumplir su función. Se ha especificado que las instituciones relacionadas deben detener de manera oportuna y manejar de acuerdo con la ley cualquiera insulto, difamación, represalia y lesiones personales recibidas por los abogados al practicar la ley, y ofrecer protección si es necesario.

Se ha puesto en práctica un sistema de grabación simultánea de audio y vídeo. Entre 2012 y 2015, 3.512 tribunales populares en el país han obtenido el acceso completo a internet y a datos relacionados, y lanzaron varios servicios. Más de 18.000 tribunales fueron equipados con la tecnología necesaria que les permite grabar todos los casos importantes. Se han establecido 2.160 sistemas de interrogatorio a larga distancia, haciendo posible el interrogatorio a larga distancia entre los tribunales a diferentes niveles, y entre el tribunal y el centro de reclusión. Los departamentos fiscales han clarificado que las personas encargadas de infracciones de funcionarios asumirán la responsabilidad por la grabación selectiva de audio y vídeo, o el cierre del sistema de grabación deliberadamente para evitar la supervisión. Se han instalado grabadoras y cámaras en todas las cabinas de interrogatorios en el área para el manejo de los casos de los departamentos de seguridad pública y de los centros de detención del país, y la práctica de filmar y grabar el interrogatorio al sospechoso se ha iniciado en todo el país de acuerdo con la ley.

Se han realizado inspecciones más estrictas de la solicitud de la pena de muerte. En la Enmienda (IX) del Código Penal de agosto de 2015, se eliminaron nueve delitos de la lista de los que están sujetos a la pena de muerte, reduciendo de 55 a 46 el número de cargos a los que se le puede aplicar la pena capital. En 2012, la Fiscalía Popular Suprema estableció la Oficina de Supervisión para la Revisión de la Pena de Muerte, en un esfuerzo por fortalecer los procedimientos de supervisión legal en la revisión de los casos en los que se impone dicha pena. A partir de 2012, el Tribunal Popular Supremo ha publicado 56 casos ejemplares, tres de ellos implican actos criminales en los que la pena de muerte es aplicable. Los segundos juicios de los casos de pena de muerte se han realizado abiertamente en los tribunales. Se ha concedido una mayor importancia a escuchar las opiniones de los abogados en el transcurso de la revisión de estos casos. Cuando un tribunal popular superior revisa un caso de pena de muerte, si el acusado no tiene un abogado defensor, se debe notificar a las agencias de asistencia legal para que designen un letrado para este servicio.

El 1 de enero de 2014, los tribunales de todo el país lanzaron formalmente el trabajo de estandarización de la sentencia. El 1 de enero de 2015, los tribunales populares empezaron a ejercer el mecanismo de registro de caso.