Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresaron su preocupación por la violencia registrada tras el asesinato de un joven afroamericano en la ciudad de Ferguson, en el estado norteamericano de Missouri y llamaron a realizar una investigación de los hechos.
En un comunicado emitido hoy en Caracas, las naciones del ALBA se?alaron que la muerte de "Michael Brown de manos de un funcionario policial en circunstancias poco claras (...) revive el grave problema de la discriminación y violencia racial que aún no ha sido resuelto en esa nación".
Por tal motivo, las naciones miembros del ALBA hicieron un llamado a las autoridades estadounidenses, así como a sus instituciones, para que realicen "una investigación justa, clara y transparente, y ejerzan el control del orden público con respeto a los Derechos Humanos".
El texto también se?ala que los países latinoamericanos integrantes del bloque regional manifiestan su solidaridad con la comunidad afrodescendiente de Estados Unidos, especialmente a los familiares de Michael Brown, así como a las demás víctimas de la violencia desatada en los últimos días en la localidad de Ferguson.
El pasado 9 de agosto Brown, de 18 a?os, recibidó seis balas, dos de ellas en la cabeza, de manos del agente Darren Wilson y aunque las causas del siniestro aún no han sido esclarecidas, existen varias versiones.
Según el Jefe de Policía del Condado de San Luis, Jon Belmar, el joven afroamericano iba desarmado pero "agredió físicamente al policía e intentó quitarle la pistola, sin éxito".
No obstante, testigos como Dorian Johnson, un amigo que acompa?aba a Brown cuando se produjo el trágico suceso, niegan este argumento y aseguran que el joven tenía las manos en alto cuando el agente le disparó en repetidas ocasiones.
Luego del asesinato de Brown comenzaron los enfrentamientos diarios entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en Ferguson quienes salieron a las calles para pedir justicia bajo el reclamo de "Detengan a los policías asesinos" y "Sin justicia no hay paz".
Ante la indignación de los ciudadanos del lugar, el gobernador del estado, Jay Nixon, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional para frenar las protestas y decretó toque de queda.
La medida no detuvo a los ciudadanos quienes se mantienen en las calles a pesar de las denuncias de represión militar y a los disturbios violentos que ocasionan los enfrentamientos entre las fuerzas castrenses y los pobladores de la zona que han ocasionado hasta el momento 31 detenidos y dos heridos.