SANTIAGO, 3 jul (Xinhua) -- Una reciente encuesta mostró que el Gobierno chileno encabezado por la presidenta, Michelle Bachelet, logró mantener o aumentar sus números de aprobación, pero que algunos aspectos de sus planes de reformas registraron una caída en el respaldo de los chilenos.
En concreto, las propuestas para cambiar la Constitución y despenalizar el aborto son las que cuentan con el mayor apoyo de la ciudadanía, tendencia opuesta a la que sufren los proyectos de reforma tributaria y educativa.
Así, la encuesta del mes de junio de la consultora privada Adimark, indicó que Bachelet subió en dos puntos porcentuales respecto a mayo, obteniendo un respaldo del 58 por ciento. Esto es incluso mayor en 14 puntos porcentuales a la aprobación de la presidenta en junio del a?o 2006, durante su primer período presidencial (2006-2010).
En el caso del apoyo a la reforma tributaria, este cayó con respecto al mes de mayo, pasando del 51 al 45 por ciento, mientras que su rechazo subió del 36 al 40 por ciento. Al mismo tiempo, el respaldo a la reforma educacional también sufrió un descenso de 9 puntos, del 58 al 49 por ciento y la desaprobación subió del 33 al 41 por ciento.
En cualquier caso, el cambio de la Constitución muestra un fuerte respaldo del 73 por ciento y un 18 por ciento de desaprobación, mientras que la despenalización del aborto logra una aprobación del 71 por ciento y 23 por ciento de rechazo. En estos últimos dos casos los proyectos no se han presentado ante la ciudadanía, sino que solamente se han lanzado como propuestas.
De todas formas, un 53 por ciento de los encuestados creen que el Gobierno de Bachelet "será capaz" de sacar adelante la despenalización del aborto, mientras que un 52 por ciento piensa que puede hacerlo con la reforma tributaria.
En esta misma pregunta, la reforma educativa desciende desde un 44 por ciento de personas que la creían viable en mayo hasta un 37 por ciento en junio. Por su parte, el cambio de la Constitución logra solo el 35 por ciento, dos puntos menos que el sondeo anterior.
Finalmente, el estudio liderado por Roberto Méndez muestra una caída del 57 al 55 por ciento de quienes creen que la reforma tributaria va a afectar a la clase media; un aumento de dos puntos entre quienes piensan que va a impactar negativamente el crecimiento económico (del 44 al 46 por ciento).
Además, se registró una reducción de cinco puntos entre quienes temen que reducirá la oferta de empleos, del 47 al 42 por ciento, y un descenso de cinco puntos de quienes consideran que va a reducir la desigualdad, de 45 por ciento en mayo a 41 por ciento en junio.
Desde la oposición de derechas reaccionaron inmediatamente pidiendo al Gobierno que se abria a modificar sus propuestas, pese a que ellos fueron aún más castigados, con un 67 por ciento de rechazo y solo un 27 por ciento de aprobación.
Así el presidente del partido opositor Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, pidió a Bachelet "utilizar todo su liderazgo y popularidad en mejorar las reformas propuestas y en promover acuerdos de verdad", dijo.
Monckeberg agregó que "resulta paradójico y contradictorio que la presidenta tenga tan alta popularidad y que sin embargo, sus principales propuestas y reformas sean tan rechazadas por la ciudadanía", aseguró.
El líder opositor concluyó que "por lo mismo, esta encuesta le abre al país una oportunidad única, para que use esa popularidad para llamar a todas las fuerzas políticas a llegar a acuerdo. Nosotros estamos disponibles ahora a hacer todos los acuerdos que la presidenta Bachelet estime convenientes", dijo.
El problema es que la derecha no tiene los votos en el Congreso para rechazar ninguna de estas propuestas, pues el oficialismo cuenta mayoría absoluta en ambas cámaras.
Además, las críticas y discusiones sobre la reforma educacional y tributaria se han dado en el mismo bando opositor, donde han surgido voces disidentes.
La reforma tributaria ha sido un tema ampliamente debatido por economistas cercanos al oficialismo y su aprobación es casi un hecho. Solamente faltan algunas indicaciones que se están analizando en el Senado, por lo que se espera esté lista para septiembre.
Caso más complicado es el de la reforma educativa, donde hay posturas muy diferentes en todos los sectores. Además de estar constantemente controlado por el movimiento estudiantil chileno, capaz de reunir decenas de miles de personas y que exige grandes transformaciones al sistema educacional, el Gobierno sufre de disidencias en el interior de la alianza de partidos.
Así, el senador Ignacio Walker, presidente de la democracia cristiana, se ha convertido en la voz de los críticos a la reforma educativa desde la alianza de gobierno.
Walker debe enfrentarse a una fuerte oposición interna en su partido, así como a duros roces con el senador socialista Fulvio Rossi, quien defiende el proyecto de Bachelet a ultranza.
La propuesta de Bachelet de eliminar el modelo de mercado que rige al sistema, tanto escolar como superior, así como fortalecer los centros públicos y los privados sin fines de lucro, no ha convencido a todos.
Quien más se resiente de este problema es el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, quien hasta el momento no ha logrado generar confianza ni dialogar abiertamente con ninguna de las partes. Pese a que ha logrado mantener un encuentro, nadie ha definido esas instancias como "negociaciones".
Hoy debió salir a comentar este nuevo escenario. "Hacemos desde este ministerio un llamado a la unidad. Esta es una reforma educacional para todas las chilenas y chilenos y por tanto, desde luego, esperamos la unidad de la Nueva Mayoría, y porque no decirlo esperamos también el apoyo de la oposición", dijo Eyzaguirre.
Además, advirtió que lograr un gran cambio con este clima es muy difícil. "Con división esto no va a ser posible, pero confiamos que en definitiva, los intereses de todos los chilenos, que son efectivamente los que le preocupan a los parlamentarios, van a prevalecer", dijo el ministro.
Así pues, las negociaciones deberán centrarse más en el interior de la coalición de partidos de gobierno, la Nueva Mayoría, para seguir avanzando, pero el Gabinete también debe enfrentarse a una ciudadanía que cuestiona cada nuevo paso que se da.