CARACAS, 28 may (Xinhua) -- El coordinador nacional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, reveló hoy un plan de golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
Según el dirigente y alcalde de Caracas, este plan fue elaborado por líderes opositores y financistas internacionales apoyados por funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos.
En conferencia de prensa, el dirigente socialista afirmó que hay un "complejo plan" dirigido a derrocar y asesinar al jefe de Estado venezolano, para desatar una espiral de violencia en el país y justificar una intervención extranjera.
Rodríguez informó que este plan está siendo apoyado por "un fondo millonario" -con el cual se han desarrollado diferentes proyectos terroristas desde febrero pasado- encabezado por el banquero venezolano Eligio Cede?o, prófugo de la justicia en este país.
El también alcalde acusó a la ex diputada María Corina Machado de estar detrás de estos planes, y mostró varios correos supuestamente escritos por ella que la vinculan directamente a promover un cambio de gobierno en Venezuela de manera violenta.
"Lo que hoy presentamos forma parte de una investigación de carácter criminal y penal que viene realizando la administración de justicia, pues la derecha venezolana quiere acabar con la paz y la Constitución de Venezuela", precisó Rodríguez.
En uno de los correos, Machado mencionó a Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia, y aseguró que el estadounidense le reconfirmó el apoyo a la oposición e indicó los nuevos pasos.
"Contamos con una chequera más fuerte que la del régimen para romper el anillo de seguridad internacional que ellos mismos han creado", precisó uno de los correos escritos por Machado.
Entre otras pruebas, Rodríguez mostró algunos mensajes de correo electrónico que la ex parlamentaria compartió con el ex candidato presidencial y ex gobernador del estado central de Carabobo, Henrique Salas Romer, el opositor Diego Arria y el ex diputado socialcristiano y profesor universitario Gustavo Tarre Brice?o.
Rodríguez solicitó al gobierno de Estados Unidos aclarar si conocía de las acciones de Whitaker o si el funcionario actuó por su propia voluntad.
Uno de los correos más contundentes fue el escrito entre Machado y Arria, donde la opositora le pidió a su colega "acumular esfuerzos para aniquilar a Nicolás Maduro".
Asimismo, el dirigente oficialista anunció que en los próximos días se darán a conocer las pruebas del intento de golpe militar abortado por oficiales venezolanos, que forma parte del plan de derrocamiento del gobierno de Maduro.
"Este plan incluyó a civiles y políticos venezolanos. Le quedará en la conciencia a los representantes de la oposición si se desmarcan de estas acciones o no", puntualizó.
En la rueda de prensa del llamado alto mando político de la Revolución, Rodríguez anunció que convocará a los miembros de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para presentarles las pruebas que los vinculan con el plan de magnicidio.
"Nosotros queremos convocar a los representantes de la MUD a una reunión para presentarles todas estas pruebas, y que ellos digan si son partícipes de este plan magnicida, criminal, en contra del pueblo de Venezuela", expresó.
Igualmente, Rodríguez rechazó el comportamiento con el que los miembros opositores se sientan en las mesas de diálogos.
"No es posible que nosotros nos sentemos en una mesa para dialogar, para buscar solución a problemas concretos relacionados con el territorio, con la seguridad, con la economía, con la paz y, por otra parte, haya representantes que se sientan en la misma mesa vinculados a estos planes", reiteró.
Indicó que aquellos que no estén de acuerdo con los comportamientos agresivos de algunos dirigentes de la oposición se aíslen para evitar confusiones.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por violentas protestas de universitarios y opositores que reclaman un cambio de gobierno por problemas sociales y económicos que vive esta nación suramericana.
Los incidentes han dejado 42 muertos, 835 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales 213 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.