El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González, hizo hoy un llamado a abatir la corrupción y la impunidad para garantizar que la ley en el país se aplique de manera imparcial y sin negociación alguna.
"Si bien el contexto es adverso, también se presenta la oportunidad de cimentar las instituciones y procesos que permitan el abatimiento de la corrupción y de la impunidad en México, así como permitir la mejor y debida persecución de los delitos", se?aló el presidente de la CNDH.
En la entrega "post mortem" del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 al sociólogo y promotor de los derechos humanos, Rodolfo Stavenhagen, González dijo que es necesario actuar para atender los puntos críticos que vulneran el sistema de procuración e impartición de justicia y que inciden en la percepción que la sociedad tiene.
La criminalidad es uno de los fenómenos más corrosivos para los derechos humanos, mientras que las fallas en la seguridad pública potencializan este deterioro a los niveles más profundos de descomposición social, agregó.
Ante el presidente de México, Enrique Pe?a Nieto, González se pronunció a favor de que las Fuerzas Armadas del país dejen de realizar labores de seguridad pública en las calles, ya que estas funciones tienen que estar a cargo de las autoridades civiles.
"La seguridad pública es una función que le corresponde y debe estar a cargo de las instituciones de carácter civil; nuestras Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país lo permitan, a las funciones que les son propias, debiéndose establecer para ello una ruta gradual y verificable", indicó.
Reconoció que si bien el carácter extraordinario de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha sido buena, tampoco debe asumirse como algo permanente.
El ombudsman mexicano reiteró que se tiene que fortalecer la voluntad y las acciones que se han emprendido para abatir la corrupción y la impunidad, con el fin de propiciar un sistema que dé una respuesta efectiva y real a los planteamientos y necesidades de la sociedad, y que se encuentre legitimado y avalado por la misma.
"Por graves que sean las circunstancias en nuestro país, el Estado mexicano no puede renunciar al ejercicio de las funciones que les son propias, pero tampoco debe vulnerar los derechos y prerrogativas de las personas", agregó.