El gobierno de Costa Rica anunció hoy que invertirá 6,7 millones de dólares estadounidenses en los próximos dos a?os para tratar en sus instituciones a las personas en situaciones de calle o de abandono.
La inversión es parte de una política pública creada para potenciar el fortalecimiento de los organismos encargados de prevenir y atender la vulnerabilidad social, así como de proteger los derechos humanos de las personas en esa condición.
El presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, manifestó que la política responde al deber humanitario del país de garantizar que sus ciudadanos sobrevivan "en condiciones de protección".
"Mediante esta hoja de ruta, devolvemos la dignidad humana, reafirmamos el compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos y reiteramos el imperativo para que los costarricenses tengan calidad de vida y oportunidades de desarrollo", subrayó.
Por su parte, la vicepresidenta costarricense, Ana Helena Chacón, aseguró que la iniciativa se trata de un esfuerzo para proteger a "las poblaciones históricamente discriminadas", de manera que se rescate la función social de la administración pública.
"Nos interesa garantizar los derechos de las personas que habitan el territorio nacional y proteger a quienes no cuentan con redes de apoyo efectivas, mediante acciones públicas para el mejoramiento de su calidad de vida", explicó la vicepresidenta.
En Costa Rica, la condición de abandono contempla en todas las personas que carecen de la respuesta de su grupo familiar, de convivencia o de las redes de apoyo comunitario, mientras la condición de calle corresponde a todas las personas sin hogar.
Los fondos destinados a la campa?a provendrán de distintas instituciones públicas, tales como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y la Junta de Protección Social (JPS).
La política pública presentada por el gobierno costarricense es "de acatamiento obligatorio" y regirá hasta el a?o 2026.
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