Gobernadores de nueve estados del nordeste de Brasil, la región más pobre del país, repudiaron hoy la apertura de un proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.
Los nueve gobernadores coincidieron en que se trata de "una absurda tentativa de empujar a la nación a tumultos derivados de un indeseado retroceso institucional".
En una nota conjunta, los mandatarios estatales subrayaron que "en vez de golpismos, Brasil precisa de unión, diálogo y de decisiones capaces de retomar el crecimiento económico, con distribución de renta".
"El proceso de juicio político, por su excepcionalidad, depende de la caracterización de los delitos tipificados responsabilidad de la Constitución, se cometan intencionalmente por el presidente. Esto no existe en el actual momento brasile?o", se?alaron los gobernadores.
"En verdad, la decisión de iniciar tal proceso de juicio político derivó de propósitos puramente personales, en claro y evidente desvío de finalidad", afirma la nota.
La apertura del proceso de juicio político fue autorizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasile?o (PMDB), la noche del miércoles.
La decisión fue anunciada por Cunha horas después de que la bancada del PT determinó votar en su contra en el Consejo de Etica, donde él sufre un proceso por quiebra del decoro parlamentario que puede resultar en su destitución.
Los líderes de los estados nordestinos recordaron que generaciones lucharon para tener democracia política plena con elecciones libres y periódicas, las cuales deben ser respetadas.
En ese contexto, anunciaron su posición contraria al "impeachment" (juicio político) contra Rousseff en los términos presentados, y que estarán "movilizados para que la serenidad y el buen sentido prevalezcan".
La nota es firmada por los gobernadores de los estados de Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhao, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte y Sergipe.
El pedido de juicio político fue presentado por dos juristas en octubre en función de maniobras fiscales sin base legal el a?o pasado, e incluyó copia de decretos presidenciales firmados por Rousseff este a?o que, de acuerdo con los firmantes, reinciden en prácticas contables irregulares.