La Procuraduría General de Brasil exigió hoy el pago de 500 millones de reales (unos 230 millones de dólares) a la constructora Odebrecht, la mayor de América Latina, por someter a condiciones análogas a la esclavitud a unas 400 personas en un ingenio azucarero en Angola.
La denuncia pública ante un juzgado civil fue realizada por el Ministerio Público de Trabajo en Araraquara (Sao Paulol) tras las pruebas presentadas en una visita hecha por fiscales a trabajadores brasile?os contratados por Odebrecht para construir el ingenio azucarero en el país africano, informó la prensa local.
El grupo de trabajadores fue reclutado en Américo Brasiliense, ciudad vecina a Araraquara, y enviado al exterior sin la respectiva visa de trabajo, por lo que la Procuraduría también acusa de tráfico internacional de personas a Odebrecht, que es la mayor constructora de América Latina.
Las investigaciones se iniciaron tras recibir la Procuraduría una serie de informes periodísticos en los que se apuntaban las condiciones degradantes de trabajo a que eran sometidos los brasile?os enviados por Odebrecht a Angola.
"Las pruebas recogidas en las decenas de denuncias laborales presentadas contra Odebrecht revelan que los trabajadores responsables por el montaje industrial eran sometidos a condiciones indignas de trabajo en Angola, particularmente en lo que se refiere a las instalaciones sanitarias, áreas de convivencia, alimentación y agua de beber", según la nota.
El Ministerio Público dijo que muchos trabajadores se enfermaron por las condiciones insalubres a las que fueron sometidos, como los sanitarios sucios y alejados que tenían que usar, además de tener que consumir agua salobre y comida descompuesta.
Varios de los trabajadores presentaron fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, diarrea, náuseas, heces con sangre, adelgazamiento y síntomas de fiebre tifoidea.
Los informes apuntaron que en las cocinas había ratas y cucarachas, y que a veces la comida era carne de serpiente.
Además de la multa, la Procuraduría también pide que la constructora sea impedida de recibir incentivos fiscales o préstamos de organismos públicos.